Según la propuesta, que está en sintonía con un proyecto del diputado nacional Alejandro Finocchiaro que tiene media sanción en el Congreso de la Nación, “los establecimientos deberán garantizar una prestación mínima de servicios, los cuales serán estrictamente obligatorios frente a situaciones que pudieran implicar la interrupción del normal funcionamiento del mismo, a efectos de asegurar el dictado de la cantidad mínima de clases en los términos y condiciones previstas por la Ley 25.864”.
“Ante cualquier supuesto que implique la afectación del servicio estratégico esencial de educación, tanto los trabajadores docentes como los no docentes deben prestar guardias mínimas para evitar la interrupción de la continuidad educativa”, destaca el proyecto.
“De esta manera, se busca que se cumplan los 180 días de clases en todas las instituciones educativas que dependan del Municipio terminando con la reiterada interrupción que padece el sistema por la cantidad de paros que anualmente afectan a miles de niños y jóvenes”, señaló Morzone entre sus argumentos.
Al respecto, el concejal de la oposición sostuvo que “resulta fundamental que este proyecto se transforme en Ordenanza a fin de lograr un equilibrio de derechos, ya que el derecho a huelga no debe en modo alguno generar una vulneración de otros dos derechos fundamentales como son el derecho al acceso a la educación pública y el derecho a trabajar”.
“Entendemos que este proyecto legislativo no está en contra del ejercicio regular del derecho a huelga, también garantizado y reconocido por nuestra Constitución Nacional. Consideramos en tal sentido que ambos derechos pueden equilibrarse justamente, permitiendo que las discusiones que deban darse en relación a la educación, deben necesariamente ser con los chicos presentes en las aulas”, concluyó Morzone.
