Hace pocos días, el secretario municipal del área respondió preguntas en la Comisión que lo convocó. Otra iniciativa impulsa declarar el “estado de emergencia en seguridad pública” por doce meses.
Luego de la visita del secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Diego Pepe, a la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante local, por un pedido de la oposición para que acuda a responder preguntas, desde el bloque Pro presentaron diversos pedidos de informes vinculados a casos de inseguridad en la capital bonaerense.
La oposición solicitó información sobre “el hecho delictivo que padeció un matrimonio en 489 entre 20 y 21 el 21 de marzo pasado”, y sobre los casos ocurridos en la calle 3 y 56 y en calle 3 y 63 bis el 19 de marzo pasado, y en la calle 65 entre 15 y 16 y en 473 entre 31 bis y 132 el 16 de marzo pasado.
De esta forma, el Pro busca mantener en la agenda política y del Concejo el tema de la inseguridad, una de las principales problemáticas de los vecinos platenses, sobre todo en un año electoral. Durante la presencia de Pepe en la Comisión, el bloque opositor consultó, entre otras cuestiones, por la cantidad de móviles y la instalación de una nueva comisaría en Los Hornos, y por las casetas de seguridad que fueron instaladas durante las dos gestiones encabezadas por el intendente Julio Garro (Pro) entre 2015 y 2023.
Además, entre las preguntas que se la oposición le realizó al secretario, hubo consultas por el plan anunciado por el intendente Julio Alak a principios del año pasado y la relación con el gobierno bonaerense y nacional.
En aquel momento, tras una reunión con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, Alak destacó que el objetivo era avanzar para "lograr un plan único de seguridad en donde el Municipio sume recursos que potencien la tarea que venía desarrollando el ministerio en el partido”.
Además del Pro, la concejal del bloque Pro Libertad, María Belén Muñoz, también presentó una proyecto para declarar el “estado de emergencia en seguridad pública” en el Partido por el plazo de 12 meses, que deberá ser tratada en la Comisión de Seguridad del cuerpo legislativo.
