Cabe recordar que Sala se encuentra detenida desde hace un poco más de 10 años y el viernes último organizaciones sociales y de derechos humanos se movilizaron en nuestra ciudad para reclamar por su libertad, dado que por los años de detención la dirigente social quedó habilitada para solicitar su libertad condicional.
"Declárase persona no grata en el Partido de La Plata a la Sra. Milagro Amalia Ángela Sala, en el marco de las manifestaciones públicas convocadas con motivo de cumplirse 10 años de su detención”, dice en el comienzo la propuesta presentada por Morzone.
Seguidamente, el concejal de la oposición señaló que dichas manifestaciones públicas incluyeron “actividades en esta ciudad y en razón de su trayectoria pública y de sus condenas firmes por delitos de extrema gravedad, entre ellos amenazas, asociación ilícita, fraude contra la administración pública y extorsión, así como de su responsabilidad penal establecida en la causa conocida como Pibes Villeros".
Con respecto a la trayectoria de la jefa de la agrupación Tupac Amaru, Morzone expresó que “es incompatible con los valores republicanos, la legalidad y la convivencia democrática que deben regir en el Partido de La Plata".
Además, el concejal del Pro consideró que La Plata, como sede de instituciones fundamentales del sistema democrático, "no puede permanecer indiferente frente a figuras públicas que han sido condenadas por corrupción, extorsión y asociación ilícita, delitos que socavan la confianza pública, lesionan el patrimonio del Estado y degradan la convivencia social".
Con respecto a la movilización del viernes último, Morzone sostuvo que se "procura victimizar y legitimar públicamente a una persona condenada por corrupción, asociación ilícita, extorsión y amenazas, utilizando el espacio público de esta ciudad como plataforma para cuestionar y deslegitimar decisiones del Poder Judicial que fueron adoptadas en el marco del debido proceso y ratificadas por el máximo tribunal de la República".
"La utilización de La Plata como escenario de este tipo de manifestaciones no constituye una expresión inocua de opinión, sino un acto de presión política y simbólica que pretende reformular como 'presa política' a quien ha sido condenada por gravísimos delitos contra el Estado y la convivencia democrática, lo cual resulta incompatible con el respeto por las instituciones y el Estado de Derecho", sentenció el concejal.
