Billeteras virtuales, juego ilegal y lavado: imputan a una funcionaria judicial en La Plata

La investigación avanzó durante meses sin exposición pública, pero en las últimas semanas dio un salto decisivo. Una funcionaria de la Procuración General bonaerense fue imputada en La Plata, acusada de integrar una maniobra compleja que combinaba uso de billeteras virtuales, captación de datos personales y presunto lavado de activos.

El expediente, a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de nuestra ciudad, describe una operatoria sostenida en el tiempo, con rasgos de organización estructurada. Según la hipótesis judicial, la red funcionó al menos entre fines de 2023 y agosto de 2024, articulando distintos roles para sostener el circuito financiero.

El punto de quiebre se produjo el 16 de abril de 2026, cuando se ordenaron allanamientos simultáneos en varias jurisdicciones, con resultados que consolidaron una base probatoria ya nutrida por meses de análisis técnico. La pesquisa había enfrentado inicialmente un obstáculo central: la fragmentación de la información, producto del uso de identidades de terceros, múltiples dispositivos y cuentas digitales.

Para reconstruir el esquema, los investigadores recurrieron a cruces de datos bancarios, rastreo de direcciones IP, análisis de comunicaciones telefónicas y desgrabaciones. Ese trabajo permitió delinear una hipótesis firme: la existencia de una asociación con división de tareas y coordinación interna.

En ese engranaje, la funcionaria imputada habría tenido un rol clave en la etapa de captación. De acuerdo con la causa, ofrecía sumas de dinero —en torno a los 80 mil pesos— a personas en situación de vulnerabilidad para que cedieran sus datos personales y biométricos. Los encuentros se realizaban en un bar céntrico de La Plata, donde se abrían cuentas digitales a nombre de las víctimas.

Uno de los testimonios incorporados al expediente resultó determinante. Una mujer relató que accedió a la propuesta por necesidad económica y que tiempo después detectó movimientos millonarios a su nombre. A partir de ese caso, los investigadores identificaron transferencias por más de 172 millones de pesos en un año, cifra que revela la magnitud de la operatoria.

El circuito reconstruido indica que las cuentas funcionaban como receptoras iniciales de fondos. Luego, el dinero era derivado a un casino online ilegal, señalado como punto de origen de los activos ilícitos. Allí se producía una etapa clave: las transferencias se convertían en supuestas ganancias de juego, lo que dificultaba su trazabilidad.

Posteriormente, los fondos eran redistribuidos mediante transferencias con un patrón técnico particular —montos terminados en “.12”— que, según la fiscalía, funcionaba como una marca interna del dinero ya “procesado”.

El expediente también identifica otros niveles dentro de la estructura: un nodo central encargado de la operatoria y distintos receptores que dispersaban los fondos. Para los investigadores, no se trata de hechos aislados, sino de una asociación ilícita con permanencia y lógica de funcionamiento estable.

Además, surgieron indicios sobre posibles conexiones con estructuras financieras que habrían permitido integrar el dinero al circuito formal. Entre ellas aparece mencionada la firma Sur Finanzas, lo que abre interrogantes sobre el destino final de los fondos.

El caso impacta en el corazón del sistema judicial bonaerense. La imputación de una funcionaria reaviva cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno en la Procuración, en un contexto atravesado por antecedentes recientes que ya habían puesto bajo la lupa a distintas áreas.

Con allanamientos realizados en La Plata, Mar del Plata, Quilmes y Córdoba, la investigación ingresó en una etapa de profundización. Los peritajes sobre dispositivos secuestrados y documentación serán clave para determinar el alcance total de la maniobra.

Por el momento, la causa incluye cargos por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos y lavado de activos. No se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de la prueba.

La fiscalía ya identificó víctimas, aunque sospecha que el número podría ser mayor. La mecánica de captación —que incluía la posibilidad de sumar familiares— sugiere un despliegue más amplio del esquema.

Si se confirma la hipótesis en toda su dimensión, el caso podría escalar como uno de los episodios judiciales más relevantes de los últimos años en la provincia. La investigación, por ahora, deja al descubierto un dato inquietante: una presunta maquinaria de fraude y reciclaje de dinero que habría operado desde dentro del propio sistema encargado de investigarla.