A un año del inicio de la investigación en el Fuero Federal de La Plata por el fentanilo contaminado, la causa judicial ya es considerada una de las mayores tragedias sanitarias de la historia reciente argentina. Hasta el momento, se confirmaron 114 muertes vinculadas al uso de ampollas adulteradas producidas por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro.
El expediente comenzó el 12 de mayo de 2025, luego de que la ANMAT denunciara un brote de infecciones intrahospitalarias detectado en el Hospital Italiano de La Plata. Los pacientes afectados presentaban cuadros graves e inusuales que derivaron en múltiples fallecimientos.
Las pericias realizadas por el Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en pacientes coincidían con las encontradas en ampollas de fentanilo correspondientes a los lotes 31.202 y 31.244. Las muestras contenían Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias asociadas a infecciones severas.
La investigación quedó a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y de la fiscal María Laura Roteta, quienes avanzaron sobre una estructura empresarial que, según sostienen, acumulaba irregularidades desde hacía años.
Actualmente hay 14 personas procesadas, entre ellas Ariel García Furfaro, directivos de la firma y responsables técnicos. Para la fiscalía, el caso expone “un entramado de criminalidad compleja” con un alto número de víctimas y graves fallas en los controles internos.
Con el correr de los meses, la causa dejó de centrarse únicamente en una contaminación puntual y comenzó a revelar problemas estructurales dentro de los laboratorios. Testimonios de empleados y documentación secuestrada señalaron que existían antecedentes de contaminación microbiológica, fallas de esterilidad y problemas de trazabilidad que eran conocidos puertas adentro.
Según declaró personal de la empresa, las órdenes de continuar con la comercialización de medicamentos se mantenían pese a las advertencias técnicas, con el objetivo de evitar pérdidas económicas.
La Justicia también investiga presuntas maniobras para ocultar pruebas. Entre ellas, la desaparición de registros microbiológicos y la posible destrucción de servidores con información clave.
El expediente revela además un historial de observaciones y sanciones previas de la ANMAT. Entre 2018 y 2024, el organismo recibió 118 reportes de farmacovigilancia vinculados a HLB Pharma y ordenó en al menos 38 ocasiones el retiro de productos del mercado. Sin embargo, los laboratorios continuaron operando.
Las inspecciones detectaron medicamentos elaborados en áreas no habilitadas, ensayos de esterilidad deficientes, registros adulterados y hasta agua para inyectables con niveles de arsénico superiores a los permitidos.
Se estima que más de 300 mil ampollas de fentanilo fueron distribuidas en distintas provincias. Aunque oficialmente los lotes fueron retirados, todavía persisten dudas y reclamos de familiares que intentan determinar si sus seres queridos recibieron el opioide contaminado.
Mientras la Cámara Federal de La Plata analiza las apelaciones de los procesamientos, la investigación ya apunta también sobre el rol de los organismos de control y posibles responsabilidades estatales.
A un año del estallido del caso, las familias de las víctimas aseguran que aún no hubo una respuesta institucional acorde a la magnitud de la tragedia.
