En una audiencia cargada de emoción, tensión y fuertes reclamos de las querellas, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó ayer a prisión perpetua a 11 represores juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en 1 y 60 y en la comisaría Octava de Villa Elvira durante la última dictadura cívico militar.
El fallo fue leído ante una sala colmada de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, mientras decenas de personas siguieron la audiencia desde el hall principal del edificio judicial de 8 entre 50 y 51. Cada una de las perpetuas fue recibida con aplausos y cánticos, en una jornada que cerró con el histórico grito: “A donde vayan los iremos a buscar”.
El tribunal integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso consideró acreditado que los hechos juzgados formaron parte del genocidio perpetrado entre 1976 y 1983. Aunque los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 11 de agosto, los jueces ya dejaron establecido el carácter de lesa humanidad de los delitos.
Las condenas incluyeron secuestros, tormentos, desapariciones forzadas, homicidios y delitos sexuales cometidos contra 300 víctimas, muchas de las cuales continúan desaparecidas. La incorporación de los abusos sexuales en las imputaciones fue uno de los aspectos más valorados por las querellas y provocó una fuerte reacción en la sala, donde los condenados fueron insultados al grito de “violadores”.
Durante la lectura del veredicto también se vivieron momentos de tensión. Algunos de los acusados siguieron la audiencia por videoconferencia desde sus casas y realizaron gestos o comentarios que fueron interpretados como provocaciones. Las querellas cuestionaron con dureza que no hubieran sido obligados a asistir presencialmente a la sala.
Los condenados a prisión perpetua fueron los exmilitares Jorge Alberto Crinigan, Ismael Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh, Enrique Armando Cicciari, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale; los expolicías Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón y Rubén Vicente Sánchez; y el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, una de las figuras civiles de mayor peso político juzgadas en este proceso.
Además, el civil Carlos Ernesto Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), recibió una pena de 25 años de prisión, mientras que el exjefe militar Lucas Marcelo Castro fue condenado a 18 años.
El juicio oral había comenzado en mayo de 2023 y se extendió durante tres años. Investigó secuestros, torturas y privaciones ilegales de la libertad cometidos entre marzo y diciembre de 1976 contra trabajadores y militantes de La Plata, Berisso y Ensenada.
Por primera vez, el debate incluyó a integrantes del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, donde funcionaba el Área Militar 113. Según las acusaciones sostenidas por la fiscalía y las querellas, la represión tuvo como objetivo desarticular la organización obrera en empresas estratégicas de la región como Astillero Río Santiago, YPF, SIAP, Propulsora Siderúrgica y el frigorífico Swift.
Antes de finalizar la audiencia, el tribunal ordenó avanzar con la señalización de los espacios utilizados como centros clandestinos de detención, entre ellos el predio de 1 y 60 y las comisarías Segunda y Octava de La Plata.
