La batalla judicial por el caso del fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo. Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, apeló el procesamiento que lo señala como uno de los principales responsables de la presunta adulteración de medicamentos que habría provocado la muerte de 90 pacientes y dejado secuelas en otras 44 personas.
El recurso, presentado por los abogados Gastón Marano y Mario Laporta ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, solicita revocar la ampliación del procesamiento, dictar la falta de mérito y ordenar el cese de la prisión preventiva del empresario.
La ofensiva defensiva apunta directamente contra los fundamentos de la resolución dictada por el juez federal Ernesto Kreplak, quien sostiene que los lotes de fentanilo elaborados por HLB Pharma se contaminaron durante el proceso de fabricación con bacterias multirresistentes que luego fueron detectadas tanto en las ampollas como en pacientes internados.
Para la defensa, la investigación no logró demostrar de manera concluyente cómo se produjo la contaminación ni establecer un vínculo causal directo entre el medicamento y los fallecimientos. En ese sentido, citó informes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que, según su interpretación, concluyeron que las infecciones bacterianas actuaron como factores agravantes en pacientes que ya presentaban cuadros críticos, pero no como causa directa de muerte.
Kreplak sostiene una postura distinta. En sus resoluciones afirmó que las bacterias halladas en los pacientes resultaron genéticamente compatibles con las detectadas en las ampollas secuestradas y que la administración del fentanilo contaminado incrementó de manera concreta el riesgo de muerte de quienes lo recibieron.
La apelación también incorpora dos pericias privadas. Una de ellas cuestiona que en varios casos no existe acreditación documental suficiente sobre la administración del lote investigado. La otra concluye que no hay evidencia médico-legal que permita atribuir de forma directa los fallecimientos al uso del producto elaborado por HLB Pharma.
Otro de los ejes de la estrategia defensiva se centra en la actuación de los organismos de control. Los abogados sostienen que la ANMAT y el INAME detectaron irregularidades en inspecciones previas, aprobaron planes correctivos y no verificaron adecuadamente su cumplimiento. Bajo ese argumento, afirman que el laboratorio podía confiar en que el sistema regulatorio funcionaba correctamente.
La presentación también cuestiona la calificación legal elegida por el juzgado. Según los defensores, los hechos descriptos en el expediente reflejarían, en el peor de los escenarios para los imputados, conductas negligentes o imprudentes, pero no una adulteración dolosa de medicamentos, delito que exige intención.
En paralelo, García Furfaro insistió con la hipótesis de un posible sabotaje. Durante su declaración indagatoria señaló a un ex empleado del sector farmacéutico y pidió que sea convocado a declarar para profundizar esa línea investigativa. Para el juzgado, sin embargo, esa posibilidad no altera la hipótesis central de la causa y, eventualmente, podría derivar en nuevas imputaciones.
La investigación, considerada la más grande de la historia judicial argentina en materia sanitaria, reúne cientos de cuerpos documentales y continúa avanzando mientras la Cámara Federal analiza ahora los planteos de la defensa del empresario, quien busca recuperar la libertad y revertir una imputación que lo ubica en el centro de una de las mayores tragedias sanitarias registradas en el país.
