Una investigación judicial en La Plata busca esclarecer una serie de presuntos hechos de extrema violencia ocurridos en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena, donde al menos cinco mujeres denunciaron haber sido víctimas de torturas, abusos sexuales y vejaciones por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La causa está a cargo del fiscal Álvaro Garganta y se inició a partir de una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que relevó testimonios, constató lesiones y aportó elementos que describen un escenario de violencia institucional de una gravedad inusual.
Los hechos habrían comenzado el 3 de junio, tras una pelea entre internas. Según las denuncias, personal penitenciario intervino utilizando gas pimienta y posteriormente trasladó a varias detenidas a distintos sectores del penal, donde se habrían producido golpizas, amenazas, humillaciones y ataques sexuales.
Uno de los relatos más estremecedores apunta contra la jefa del establecimiento, Daiana Balmaceda. De acuerdo con las víctimas, mientras permanecían reducidas, semidesnudas y rodeadas por agentes encapuchados, eran obligadas a arrodillarse y recibían una orden reiterada: “Besame las botas”. Ante la negativa, habrían sufrido golpes, inmersiones forzadas de la cabeza en agua —una práctica conocida como “submarino húmedo”— y agresiones de carácter sexual.
Las denunciantes también aseguraron que fueron obligadas a desnudarse frente a personal masculino, permanecieron durante horas sin acceso a comida, agua o asistencia médica y fueron trasladadas a otras cárceles con sus pertenencias destruidas. Una de ellas, según consta en la denuncia, intentó quitarse la vida después de lo ocurrido.
Los testimonios recogidos por la CPM describen episodios coincidentes de violencia física y psicológica, además de presuntas maniobras para evitar que las agresiones quedaran registradas por cámaras de seguridad. También se denunciaron irregularidades en controles médicos que, pese a las lesiones visibles, habrían consignado que las internas no presentaban heridas recientes.
Frente a la gravedad de las acusaciones, el Ministerio de Justicia bonaerense dispuso la desafectación preventiva de los agentes señalados y removió a la conducción de la Unidad 51, mientras la Auditoría General de Asuntos Internos inició actuaciones administrativas paralelas.
La investigación penal continúa con la toma de declaraciones y la producción de pericias. Fuentes vinculadas al expediente indicaron que los testimonios reunidos hasta el momento presentan un alto grado de consistencia y serán clave para determinar responsabilidades en un caso que volvió a poner bajo la lupa las condiciones de detención y los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario bonaerense.
