La abogada platense Vanessa Rial murió ayer a los 50 años, luego de permanecer varios días internada por una neumonía bilateral y sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que agravó su estado de salud. Fue la denunciante y principal testigo en la causa que terminó con la condena a 37 años de prisión de Jorge Cristian "El Conde" Martínez Poch, uno de los fallos más emblemáticos dictados por la Justicia platense en materia de violencia de género.
El caso tuvo un fuerte impacto judicial por la gravedad de los hechos acreditados durante el debate oral. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata encontró responsable a Martínez Poch de haber mantenido cautiva a Rial durante dos meses, período en el que la sometió a reiteradas agresiones físicas, abusos sexuales, amenazas, torturas psicológicas y al suministro de alcohol y psicofármacos para reducir su capacidad de reacción. La sentencia también contempló los abusos sexuales cometidos contra las dos hijas del condenado.
La investigación comenzó a partir de la preocupación del padre de la víctima, que llevaba varios días sin tener contacto con ella, y de las denuncias de vecinos que alertaban sobre gritos provenientes de la vivienda donde permanecía privada de su libertad. Con esos elementos, el entonces fiscal Marcelo Romero ordenó un allanamiento que permitió rescatarla con vida y reunir las primeras pruebas de una causa que terminaría convirtiéndose en un caso paradigmático en materia de violencia de género.
El 31 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 condenó a Martínez Poch a 37 años de prisión. Durante la lectura del veredicto, el acusado reaccionó con gestos desafiantes dirigidos hacia Rial antes de ser retirado de la sala. Ella, en cambio, celebró el fallo al considerar que la resolución impedía que el condenado volviera a atacar a otras mujeres.
Tras el juicio, la abogada orientó su actividad profesional al acompañamiento de víctimas de violencia de género e integró el equipo especializado de la Municipalidad de La Plata.
No obstante, las secuelas del cautiverio trascendieron el plano judicial. En los últimos años atravesó una delicada situación económica y habitacional, residiendo en paradores y pensiones mientras intentaba reconstruir su vida. Su fallecimiento también dejó en una situación de vulnerabilidad a su madre, quien debió recibir asistencia de allegados.
Con su muerte desaparece una de las principales protagonistas de un expediente que marcó un punto de inflexión en el abordaje judicial de la violencia de género en La Plata. Su declaración fue determinante para sostener la acusación y obtener una condena ejemplar contra quien la mantuvo cautiva y la sometió a un prolongado ciclo de violencia.
