Miguel Ángel Calvete, el exrepresentante de los supermercados chinos en Argentina que volvió a ocupar el centro de la escena tras ser detenido en la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afrontará desde hoy un nuevo frente judicial. En los tribunales de La Plata comenzará el juicio oral por una causa que lo tiene acusado de integrar una maniobra de falsificación documental vinculada con una millonaria operación inmobiliaria.
El debate estará a cargo del juez correccional de nuestra ciudad, Diego Tatarsky, con la fiscal Sabrina Unizony al frente de la acusación. En representación de los particulares damnificados intervendrá el abogado César Albarracín.
Junto con Calvete también serán juzgados los escribanos Alejandro Raúl Noseda y Mariel Alejandra Jattar. Los tres llegan imputados por los delitos de falsificación o adulteración ideológica de documentos públicos y uso de documento público falso.
La investigación sostiene que la maniobra tuvo como eje un predio ubicado entre la Autopista del Oeste y el corredor vial que une Luján con General Rodríguez, una zona donde el valor de las tierras asciende a varios millones de dólares.
Según la acusación, para concretar las sucesivas transferencias del inmueble se habría recurrido a personas en situación de extrema vulnerabilidad, e incluso indigentes, que figuraban formalmente como vendedores, compradores o representantes de la sociedad propietaria. De ese modo, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, se buscó otorgar apariencia de legalidad a una cadena de operaciones que culminó con la venta del terreno a compradores de buena fe.
La presunta maniobra salió a la luz cuando los adquirentes intentaron tomar posesión del predio y descubrieron que detrás de la operación existía una trama que ahora es investigada como una posible estafa mediante documentación falsa.
Fuentes judiciales señalaron que las víctimas compraron el inmueble cuando ya se encontraba inscripto a nombre de los intermediarios que, según la pesquisa, habían sido incorporados por Calvete para concretar la operatoria.
El juicio comenzará luego de que el juez Tatarsky ordenara el traslado compulsivo del empresario. La medida fue adoptada porque el imputado no compareció a anteriores citaciones, por lo que se solicitó su comparendo al Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el auxilio de la fuerza pública.
El proceso se iniciará mientras Calvete permanece detenido en una causa completamente distinta, tramitada en la Justicia Federal, donde se investigan presuntos pedidos de dinero para agilizar trámites en la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese expediente, los investigadores analizan una supuesta trama de cobro de coimas que, según la hipótesis fiscal, podría haber beneficiado a personas del entorno político del Gobierno nacional. La causa continúa en plena etapa de instrucción y no registra condenas.
Después de varios años de investigación, el juicio que comenzará en La Plata, en el fuero de 8, 56 y 57, buscará determinar si Calvete y los dos escribanos participaron de una maniobra destinada a legitimar, mediante documentación presuntamente falsa, la transferencia de un inmueble de altísimo valor económico.
