El juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Ernesto García Maañón, quedó formalmente apartado de su cargo mientras avanza el jury iniciado en su contra que tramita en nuestra ciudad. La medida fue dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
El proceso contempla seis cargos vinculados con presuntas conductas de acoso hacia mujeres, malos tratos a empleados y funcionarios, abuso de poder, utilización indebida de recursos estatales, presiones sobre testigos y una supuesta delegación irregular de su firma digital.
García Maañón ya se encontraba de licencia por disposición de la Suprema Corte bonaerense. Ahora, el jurado continuará con el análisis de las acusaciones y la producción y valoración de las pruebas.
El tribunal está presidido por el titular de la Suprema Corte, Sergio Gabriel Torres, e integrado por los abogados conjueces Iván Roberto Ponce Martínez, Lisandro Daniel Benito, Beatriz Domingorena y Marcela Alejandra Wambold, además de los legisladores Gustavo Sergio Cuervo, Florencia Arietto y Natalia Miriam Blanco.
La causa se inició en julio de 2025, cuando una funcionaria de la Cámara de San Isidro denunció al magistrado ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte. Lo acusó de acoso sexual y laboral y de abuso de poder.
La mujer presentó chats y audios en los que, según su denuncia, García Maañón realizaba comentarios sobre su apariencia y vestimenta y le proponía encuentros personales. Entre los mensajes atribuidos al juez aparece uno en particular: “Esos pantalones te quedan muy bien”.
A partir de esa presentación se abrió un sumario administrativo y una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo.
En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense, entonces encabezada por Julio Conte-Grand, llevó el caso ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. La acusación amplió el foco e incorporó otros episodios vinculados con presunta violencia laboral, abuso de poder, uso de recursos del Poder Judicial en beneficio propio y posibles presiones a testigos.
Más tarde, el Colegio de Abogados de San Isidro presentó una denuncia propia, que fue acumulada al expediente.
La acusación contra García Maañón quedó estructurada en seis puntos: acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres; malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, mediante descalificaciones, expresiones agraviantes y órdenes arbitrarias; uso indebido de recursos estatales para beneficio o comodidad personal; trato irrespetuoso hacia superiores y presunto uso de su posición institucional para intimidar; presiones sobre testigos con el objetivo de evitar declaraciones que pudieran perjudicarlo; delegación irregular de su firma digital, en presunta violación de las normas vigentes.
Con el apartamiento preventivo, el jury entra ahora en una nueva etapa. El proceso deberá establecer si las conductas denunciadas existieron y, en ese caso, si constituyen faltas suficientes para comprometer la permanencia del magistrado en su cargo.
