Megaestafa en La Plata: un nuevo detenido quedó procesado y Mangini enfrenta una audiencia decisiva

Cristian Scigliano se negó a declarar ante la fiscal Betina Lacki y quedó formalmente acusado. Mientras dos sospechosos siguen prófugos, la Justicia volverá a analizar la prisión preventiva de Albertina Mangini.
Policiales 15/09/2026

6La investigación por la presunta megaestafa que habría movilizado unos $27 mil millones sumó un nuevo capítulo y vuelve a poner el foco sobre Albertina Mangini. Cristian Alejandro Scigliano, uno de los últimos detenidos, se negó a declarar ante la fiscal Betina Lacki y quedó procesado en una causa que ya tiene cuatro acusados detenidos.

 

Scigliano decidió guardar silencio ante la fiscal. El nuevo procesado estaría vinculado a la compraventa de automóviles en Mar del Plata y, según la hipótesis de la fiscalía, habría tenido participación dentro del circuito utilizado para mover dinero a través de cuentas digitales abiertas a nombre de terceros.

 

El expediente investiga una presunta organización criminal que habría utilizado datos personales y biométricos de personas vulnerables para generar cuentas en billeteras virtuales. Esas cuentas habrían sido utilizadas para recibir y transferir grandes sumas de dinero, con fondos que, de acuerdo con una de las principales hipótesis, tendrían origen en el juego online clandestino.

 

La investigación se inició luego de detectar que algunas personas habrían entregado documentación y datos biométricos a cambio de dinero. Entre los procedimientos utilizados figuraría el escaneo de iris, que posteriormente habría permitido generar cuentas digitales a nombre de terceros.

 

Ahora, los investigadores avanzan sobre los dispositivos electrónicos, las comunicaciones y la información financiera secuestrada durante los allanamientos para reconstruir el circuito del dinero y determinar el rol concreto de cada uno de los acusados.

 

Dos acusados siguen prófugos

 

Mientras Scigliano quedó incorporado formalmente al expediente, Juan Campoli Sillero y Catriel Taubenshlag continúan prófugos.

 

En el caso de Taubenshlag, su defensa presentó un pedido de eximición de prisión y reclamó conocer los elementos de prueba que llevaron a ordenar su detención. La estrategia contempla que, si la Justicia rechaza el planteo pero permite acceder a la evidencia reunida en su contra, el acusado se presente espontáneamente.

 

Campoli Sillero, en tanto, continúa siendo buscado y hasta el momento no trascendió una presentación similar.

 

Mangini, otra vez bajo la lupa

 

En paralelo, la causa tendrá un nuevo capítulo alrededor de Albertina Mangini, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal bonaerense que permanece detenida y a quien la fiscalía atribuye un supuesto papel en la captación de personas cuyos datos habrían sido utilizados para abrir cuentas digitales.

 

La funcionaria es defendida por Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina. Sus abogados preparan un planteo para modificar las condiciones de detención y pusieron especialmente el foco en sus antecedentes de salud.

 

La defensa incorporó un resumen de historia clínica de su psiquiatra tratante, que acredita atención profesional desde 2018 y registra antecedentes de ansiedad, alteraciones alimentarias y episodios de adelgazamiento. El diagnóstico consignado es de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno alimentario no especificado.

 

También fue incorporada una pericia oficial realizada por profesionales de la Suprema Corte bonaerense. Las trabajadoras sociales advirtieron sobre posibles factores de riesgo vinculados con su trayectoria laboral dentro de la Justicia penal, donde tuvo contacto con detenidos y familiares.

 

La audiencia que puede cambiar su situación

 

Con ese escenario, la situación de Mangini volverá a discutirse en una audiencia vinculada con la prisión preventiva. La fiscalía defenderá la continuidad de la medida a partir de la gravedad de la imputación y de la evidencia reunida, mientras que la defensa buscará que se ponderen las condiciones personales de la funcionaria y los informes médicos, psiquiátricos y sociales incorporados al expediente.

 

Uno de los puntos centrales será determinar si las medidas de cuidado recomendadas por las profesionales pueden garantizarse dentro del establecimiento penitenciario. El informe no dispone un arresto domiciliario, aunque sus conclusiones podrían ser utilizadas por la defensa para insistir con una morigeración de la detención y garantizar la continuidad del tratamiento.

 

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