La causa contra Grupo DelSud dejó hace tiempo de ser solamente una discusión sobre dos loteos. Francisco Vila Basualdo y Eugenia Martínez siguen detenidos por diez presuntas estafas inmobiliarias cada uno y ahora entraron en una etapa procesal decisiva. Sus defensas pidieron arresto domiciliario y la jueza Marcela Garmendia ordenó informes ambientales sobre los domicilios ofrecidos y evaluaciones psicológicas antes de resolver. Al mismo tiempo, el fiscal Juan Menucci pidió más plazo para definir si reclama prisión preventiva.
Una domiciliaria sólo modifica dónde cumplen la detención. La preventiva discute otra cosa: si deben seguir privados de la libertad mientras avanza la investigación. Ninguna de esas decisiones define culpabilidad. La causa de fondo ya tiene otra dimensión.
La Justicia atribuye a Vila Basualdo y Martínez diez hechos vinculados con los emprendimientos Sophenia y Garden.
A Martínez se le suma el presunto uso de documentación pública falsa. La hipótesis fiscal sostiene que compradores entregaron dinero por terrenos ofrecidos como desarrollos residenciales que no habrían contado con las condiciones urbanísticas y dominiales necesarias para subdividirse, urbanizarse o escriturarse como habían sido promocionados.
La investigación describe ventas de partes indivisas, cobros asociados a mensuras, mojones o conexiones y promesas de servicios dentro de proyectos presentados como barrios abiertos, semicerrados o privados. La acusación sostiene que detrás de esa oferta había restricciones que impedían transformar esas tierras en los lotes individuales que los compradores creían adquirir.
Detrás de cada boleto, mensura o promesa de escrituración hay compradores que pusieron ahorros reales en operaciones que hoy están bajo investigación.
Capital24 ya había reconstruido además que Grupo DelSud no funcionaba como una inmobiliaria aislada. El conglomerado se presentaba con desarrollos, construcción, servicios financieros, seguros, inversiones y presencia en La Plata, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. La propia empresa llegó a mostrar más de diez unidades de negocios y más de un centenar de empleados.
El holding que también había construido medios
DelSud también se había metido en el negocio de la información.
El Editor Platense identifica formalmente a Laniakea SAS como propietario. El Editor Mendoza utiliza la misma sociedad. A eso se suma que la marca El Editor Platense fue registrada a nombre de Grupo DelSud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL.
El propio conglomerado presentó públicamente a El Editor Platense y El Editor Mendoza dentro de su universo empresario. Incluso búsquedas laborales recientes de DelSud incluían puestos para áreas comerciales del grupo y para la redacción de El Editor Mendoza.
Eso no convierte a los medios en parte de las presuntas estafas. No hay elementos conocidos que permitan afirmar algo semejante.
Pero sí muestra hasta dónde se había expandido el grupo.
No se trataba solamente de vender tierra. Había sociedades inmobiliarias y financieras, constructoras, estructuras administrativas y medios capaces de producir información bajo marcas propias.
El Editor Mendoza terminó atravesando durante 2026 un cierre de redacción y un conflicto laboral. Ese episodio no integra la causa por los loteos, pero forma parte de la retracción de una estructura empresaria que había intentado crecer en varios mercados al mismo tiempo.
Mientras tanto, la Justicia sigue reconstruyendo la parte penal.
Los allanamientos apuntaron a oficinas, desarrolladoras, inmobiliarias y estudios vinculados con las operaciones investigadas. Se buscaron teléfonos, computadoras, planos, escrituras, boletos, material comercial y documentación capaz de determinar quién vendía, quién cobraba y bajo qué condiciones se ofrecían los terrenos.
Capital24 ya había identificado además la IPP 06-00-002726-26/00 como uno de los expedientes relacionados con Sophenia y Garden.
Ahora la discusión inmediata vuelve sobre las detenciones.
Garmendia deberá resolver si Vila Basualdo y Martínez siguen alojados donde están o acceden a la morigeración pedida por sus defensas. Menucci tendrá que definir si entiende que existen elementos suficientes para solicitar las preventivas.
Pero esa ya no es la única pregunta importante.
La Justicia tendrá que establecer qué ocurrió con Sophenia y Garden y qué responsabilidad corresponde a cada imputado.
Después vendrá una cuestión más grande: hasta dónde llegaba realmente Grupo DelSud. Los papeles, las computadoras y el dinero tienen la respuesta.
