Un número guardado antes de la activación del chip forma parte de los indicios que la acusación utiliza para vincular a Ivana Mapis con el teléfono conocido como el de “Rosana”. La secuencia fue discutida en el juicio por el asesinato de Verónica Dessio y su alcance todavía debe ser resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata.
Según la reconstrucción acusatoria, la línea prepaga estaba registrada a nombre de Dessio y su número figuraba en un celular atribuido a Mapis tres días antes de que el chip fuera activado. Para la acusación, ese registro conecta a la imputada con una línea asociada a los nombres “Ros”, “Rosana” o “Roxana”.
La hipótesis sostiene que esa identidad habría sido utilizada para contactar a personas y ofrecer dinero para cometer el homicidio. La defensa reclamó la absolución de Mapis y cuestionó la interpretación de los elementos reunidos durante la investigación.
La controversia pone en discusión quién adquirió el chip, quién tuvo el aparato y quién realizó los contactos. La titularidad de la línea aporta un dato administrativo; atribuir su utilización requiere establecer la relación entre los registros y las personas señaladas.
Búsquedas, contactos y responsabilidades
La prueba digital discutida también incluye búsquedas sobre sustancias tóxicas atribuidas a uno de los celulares. Esas consultas integran el planteo acusatorio y deben examinarse con su contexto y con los elementos que permitan establecer su autoría.
Su existencia, considerada aisladamente, no permite afirmar que se haya utilizado veneno ni determinar la finalidad de cada búsqueda. El punto es qué relación puede acreditarse entre ese material y los hechos investigados.
Los contactos telefónicos plantean otra distinción: registrar una comunicación permite conocer que hubo una conexión, pero su contenido necesita evidencia adicional. Fechas, participantes y mensajes disponibles pueden aportar información para reconstruir una secuencia.
También debe establecerse qué respaldo tiene la identificación de “Rosana”. El nombre con el que se guarda un número constituye una referencia dentro de un dispositivo; identificar a quien lo utilizó exige conectarlo con otros elementos.
Concluidos los alegatos, la acusación pidió prisión perpetua para Mapis y Alves. Las defensas solicitaron la absolución de ambos. El tribunal deberá decidir qué hechos considera acreditados y qué responsabilidad corresponde atribuir a cada acusado.
El teléfono concentra una discusión concreta dentro de esa evaluación: si los registros permiten sostener la vinculación que plantea la acusación y con qué alcance. La respuesta surgirá de su valoración junto con los testimonios, las pericias y la documentación del debate.
