La suspensión de servicios a afiliados de PAMI anunciada para el 21 y 22 de octubre tiene un antecedente en la Jefatura de Gabinete. CAPRESS, Salud Federal y Clínicas de la Patagonia aseguran que el 14 de septiembre solicitaron una audiencia urgente con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y que, al momento de difundir la convocatoria, no habían recibido respuesta.
El pedido contó con la adhesión de más de 30 asociaciones regionales y provinciales de prestadores. Según la gacetilla, las entidades buscaban plantear las limitaciones que encuentran en los contratos de PAMI, el estado de los servicios médicos para los jubilados y el atraso de los valores que paga la obra social.
Las cámaras estiman que esos valores acumulan un atraso de entre el 100% y el 131% respecto de la inflación de los últimos dos años. También sostienen que las condiciones actuales generan dificultades operativas para los afiliados y comprometen la sustentabilidad económica y financiera de los prestadores.
La agenda solicitada a Santilli incluía, además, una reforma tributaria para el sector privado de salud. Las entidades afirman que hay iniciativas parlamentarias impulsadas por la bancada oficialista que podrían contar con acompañamiento de la oposición. La gacetilla no detalla cuáles son esos proyectos ni sus alcances.
El reclamo a la Jefatura de Gabinete se suma, según las cámaras, a meses de gestiones con autoridades de PAMI y del Ministerio de Salud sin avances suficientes. La falta de definiciones, sostienen, fue uno de los factores que llevó a convocar una medida de alcance nacional.
Para los prestadores, el conflicto no se limita a una discusión por aranceles. Advierten que están en juego la continuidad de la atención de los afiliados, la situación de los trabajadores de clínicas y sanatorios y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
