Edelap y EDEA, usureras: Kicillof debe responder ante tarifazos y falta de inversión

Edelap fue sancionada por incumplir obligaciones de inversión y mantenimiento. El incendio de Tolosa dejó después a más de 61 mil usuarios sin electricidad. En la Costa Atlántica, vecinos denunciaron facturas de EDEA de hasta $800 mil. Los episodios son diferentes, pero obligan a examinar una misma relación: cuánto se exige pagar y qué garantías recibe quien necesita el servicio.

Edelap y EDEA, usureras. Frente a las distribuidoras, el usuario tiene una libertad recortada: puede reducir consumos, reclamar o discutir una liquidación, pero no elegir otra empresa que lleve electricidad a su domicilio. Esa desigualdad exige un control público capaz de intervenir y obtener resultados.

Axel Kicillof debe responder por ese control. OCEBA pertenece al ámbito provincial y cuenta con herramientas para fiscalizar, sancionar y exigir correcciones. El gobernador también debe explicar las decisiones tarifarias de su administración. Su responsabilidad no comienza ni termina con los errores del Gobierno nacional.

La actuación judicial reciente expone ese compromiso. La Fiscalía de Estado bonaerense reclamó contra la cautelar que había frenado el cuadro aprobado por la Resolución 585/2026. La Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata concedió efecto suspensivo a la apelación y dejó sin aplicación aquel freno mientras continúa el litigio. La Provincia, por lo tanto, actuó para sostener el esquema cuestionado. La decisión no resuelve definitivamente su legalidad.

Quién firma los aumentos y quién responde por las facturas

Javier Milei tiene responsabilidad sobre la política energética nacional. Su gobierno decide sobre subsidios y precios energéticos que repercuten en lo que pagan los hogares. El régimen oficial de 2026 contempla una bonificación extraordinaria que disminuye durante el año: reducir esa asistencia modifica la parte del costo que afronta el usuario.

La Provincia aprueba los cuadros tarifarios aplicables a Edelap y EDEA. El registro oficial identifica las resoluciones de su Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Eso no significa que todos los componentes de la boleta sean decisiones exclusivamente bonaerenses; significa que el Ejecutivo provincial debe explicar los valores que autoriza y las condiciones que exige a las concesionarias.

Las empresas deben aplicar correctamente esos cargos, medir los consumos y responder por el servicio. Los impuestos y conceptos adicionales también requieren responsables identificados. El vecino tiene derecho a saber cuánto paga por energía, cuánto por distribución y cuánto por otras cargas.

Una tarifa gravosa, una factura incorrecta y una interrupción del suministro son problemas distintos. La primera exige discutir las decisiones económicas; la segunda, revisar y corregir la liquidación; la tercera, establecer responsabilidades y reparaciones. Mezclarlos facilita que cada actor derive la explicación hacia otro.

En EDEA, las denuncias de boletas de entre $500 mil y $800 mil impulsaron convocatorias a protestas en Santa Teresita y San Clemente durante agosto. Son importes denunciados por usuarios, no una auditoría que demuestre que todas esas facturas estaban mal calculadas. Precisamente por eso, el control debe establecer qué ocurrió en cada caso.

OCEBA anunció el 3 de septiembre auditorías comerciales, incluida la Costa Atlántica. También informó que puede impedir cobros improcedentes y exigir refacturaciones cuando detecta errores. La exigencia es concreta: cuántas boletas revisó, qué irregularidades encontró y qué importes consiguió corregir. No fijar determinados precios no equivale a estar impedido de controlar su aplicación.

Edelap: las multas no reemplazan las obras

El antecedente de Edelap está documentado. La Resolución 215/2023 impuso una multa de $145.346.295,04 por incumplir obligaciones de inversión y mantenimiento necesarias para garantizar la calidad del servicio. Ese acto obliga a revisar qué correcciones se exigieron y cuáles fueron efectivamente verificadas.

La sanción no demuestra que aquel incumplimiento haya causado el incendio posterior de Tolosa. Sí impide reducir la discusión sobre inversiones a una sospecha vecinal: el propio regulador ya había establecido una infracción.

Tras el incendio del 17 de agosto, OCEBA informó un máximo de 61.521 usuarios sin suministro. El 19 anunció un sumario y requirió documentación sobre mantenimiento, operación, protecciones y circunstancias de la falla. También comunicó que Edelap debía compensar a los afectados.

Ahora debe rendir cuentas sobre esas actuaciones. Una multa dictada no acredita su cobro. Un sumario abierto no informa su conclusión. Una compensación anunciada no demuestra que haya llegado a cada usuario. La documentación debe permitir comprobar qué obligaciones se cumplieron.

La responsabilidad de Kicillof está en hacer funcionar esa protección. Las

decisiones nacionales sobre energía no lo eximen de explicar las provinciales. Tampoco una autorización tarifaria libera a las distribuidoras de invertir, mantener sus instalaciones y responder por los incumplimientos.

El Gobierno bonaerense debe mostrar las obras verificadas, las facturas corregidas y las compensaciones acreditadas. Esa es la rendición de cuentas que le corresponde al gobernador. Porque la obligación del usuario aparece todos los meses en una boleta; las obligaciones de las empresas también deben hacerse cumplir.