City Bell sumó otro reclamo contra Edelap. Vecinos de las inmediaciones de plaza La Emilia, en 132 bis y 473, denunciaron que se quedaron sin suministro alrededor de las 5:45 del lunes 26 de octubre. El comienzo de la jornada encontró a ese sector con una interrupción y una respuesta automática de la distribuidora.
El mensaje atribuido a la empresa indicó que había detectado una salida de servicio en la red y que su personal técnico trabajaba para resolverla. Esa comunicación no precisó el origen del desperfecto ni la cantidad de usuarios alcanzados.
El día anterior también se habían registrado denuncias por falta de electricidad en el oeste de La Plata. Los reclamos incluyeron una detonación en 143 y 40 y una interrupción en 60 entre 141 y 142. Fueron episodios en sectores diferentes: su proximidad temporal no acredita una causa común, pero obliga a revisar la frecuencia de las fallas y las respuestas de la concesionaria.
Las sanciones deben traducirse en mejoras
Edelap usurera: cobrar el servicio implica asumir obligaciones sobre su continuidad y calidad. El usuario no puede elegir otra distribuidora cuando la prestación falla. Por eso, la fiscalización pública tiene que ofrecer una protección efectiva frente a una relación sin alternativas comerciales.
Los antecedentes refuerzan esa exigencia. Durante 2026 se informaron tres sanciones de OCEBA contra Edelap que superaron, en conjunto, los $2.117 millones.
Correspondieron a expedientes distintos, con interrupciones de diferentes períodos y deficiencias de calidad comercial. El monto expresa la magnitud de las penalidades dictadas; no demuestra por sí solo su cobro ni las mejoras posteriores.
Kicillof debe responder por ese seguimiento. La Provincia aprueba los cuadros tarifarios aplicables a Edelap y tiene bajo su ámbito al organismo encargado de controlar la prestación. El registro oficial identifica las resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que autorizaron esos valores.
La explicación pendiente debe incluir qué instalaciones se inspeccionaron, qué mantenimiento se exigió y qué trabajos fueron verificados después de los incumplimientos sancionados. Esa información permitiría evaluar si las herramientas del Estado consiguieron modificar la conducta empresarial.
El reclamo de City Bell agregó un episodio a esa discusión. Edelap debe explicar la falla y sus responsabilidades. El Gobierno bonaerense debe demostrar que su intervención produjo algo más que expedientes: condiciones de servicio que justifiquen lo que se les exige pagar a los usuarios.
