La disputa por los subsidios a los colectivos del interior bonaerense avanzó en la Corte Suprema. El máximo tribunal aceptó intervenir en la demanda de la Provincia contra el Estado nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y dispuso que Nación conteste el planteo en un plazo de 60 días.
La resolución habilita el trámite judicial de un conflicto que comenzó en 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suprimió esas transferencias. La administración de Axel Kicillof busca que se declare inconstitucional la eliminación del fondo y reclama el pago de recursos que considera adeudados, con intereses.
El paso procesal no implica que la Corte haya reconocido la deuda ni ordenado restituir los subsidios. La discusión sobre el fondo del reclamo sigue pendiente.
Qué reclama la Provincia
La presentación bonaerense cuestiona la decisión nacional anunciada el 8 de febrero de 2024 y formalizada posteriormente mediante el artículo 18 del DNU 280/2024. La Provincia sostiene que el mecanismo de financiamiento seguía vigente y que el Poder Ejecutivo no podía eliminarlo en esas condiciones.
El fondo había sido creado por la Ley 27.467 para compensar al transporte urbano y suburbano del interior del país. El planteo provincial señala que su continuidad estaba respaldada por las normas presupuestarias y los acuerdos celebrados con Nación.
La controversia se concentra en los servicios alcanzados por ese régimen fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. No corresponde confundirla con los conflictos por las compensaciones de las líneas del AMBA, que tienen otros esquemas de financiamiento.
En documentación provincial incorporada al debate legislativo se identificaron dos componentes del reclamo: un saldo de más de $2.178 millones correspondiente a 2023 y otros $2.955 millones por transferencias del primer trimestre de 2024. Esos montos son antecedentes de la demanda y no una liquidación actualizada reconocida judicialmente.
El costo de sostener los servicios
La eliminación del fondo abrió una disputa sobre quién debía afrontar los recursos que dejaron de llegar. La Provincia argumentó que tuvo que implementar un régimen extraordinario para sostener el transporte del interior y denunció que la quita nacional presionó sobre las tarifas.
Para los pasajeros, la discusión se relaciona con el costo del boleto y la continuidad de los recorridos. Sin embargo, la resolución de la Corte no modifica por sí misma los precios ni garantiza nuevas transferencias: incorpora el reclamo al trámite judicial.
También queda pendiente el pedido cautelar bonaerense, mediante el cual se pretende obtener el giro inmediato de las sumas reclamadas mientras se discute la cuestión principal.
Ahora Nación deberá responder y defender la eliminación del fondo. La Corte tendrá que resolver después si corresponde adoptar una medida provisoria y, finalmente, pronunciarse sobre la validez de la decisión cuestionada. El expediente avanzó; los recursos todavía están en disputa.
