Ayer por la mañana, en los pasillos del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se aseguraba que el máximo responsable de esa dependencia, Martín Marinucci, esta dispuesto a ponerle fin a una era sospechada de corrupción.
Zona Capital 30/01/2025
Horas más tarde se produjo una decisión política de fuerte impacto en nuestra ciudad: el ministro decidió echar al juez Mario Quatrocchi.
Hasta ayer, Quatrocchi estaba a cargo del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial del Departamento La Plata ubicado en Avenida 7 entre 42 y 43.
La investigación que lo tiene en la mira tanto en el fuero penal platense como en la justicia federal de Campana fueron motivos suficientes para la drástica toma de decisión por parte del ministro Marinucci.
Según pudo averiguar Capital 24, el ministro de Transporte decidió desplazarlo de ese cargo con el objetivo de despegarse de las sospechas de corrupción en ese juzgado, que finalmente terminaron con la salida del anterior ministro del área a fines de diciembre, Jorge D´Onofrio.
La justicia penal cree que Quatrocchi, D´Onofrio y Claudia Pombo (concejal y ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar) son quienes llevaron adelante toda una logística económica con el fin de recaudar fortunas en el marco de lo que se conoce como el “negocio de las multas de tránsito”.
El ahora desplazado juez de tránsito platense tenía la función de tomar casos de multas abultadas de cualquier Juzgado de Faltas municipal y prácticamente rebajarlas a pagos simbólicos o a la realización de tareas comunitarias a quienes cometieron las serias infracciones. Tales situaciones son las que estuvieron perjudicando seriamente la recaudación en los municipios de la provincia, por eso la queja de varios intendentes llegó al propio gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, pese al correr de varios meses de fundadas sospechas de corrupción y el inicio de las investigaciones tanto en la justicia penal platense como en la federal, el gobernador “esperó” a que D´Onofrio presentara su renuncia, cuando en varios ámbitos de su administración exigían que lo desplazara de inmediato.
Hubo sentencias de los juzgados municipales de San Martín, Chascomús, Lezama, Moreno, Dolores y La Matanza que Quatrocchi llevó a su juzgado provincial, sea el de La Plata o San Isidro (también, como subrogante, estuvo a cargo del juzgado provincial de esa ciudad, pero cuya sede está en General Pacheco, Partido de Tigre).
En su momento, una alta fuente de un juzgado municipal le dijo a Capital 24 que “cuando los gestores llegan a nuestras oficinas, sus descargos pasan automáticamente a los despachos de Quatrocchi en La Plata o San Isidro y al otro día tienen sentencia a favor del infractor”.
Por ese mecanismo de trabajo, hubo fuertes sospechas de que se estaba perjudicando seriamente la recaudación de la provincia en beneficio de quienes llevan adelante la posible defraudación.
“Quatrocchi está bajando, en promedio, unas cien infracciones por día; es decir, toma las infracciones de todos los juzgados municipales de la provincia, en algunos casos hasta causas con sentencia y cambia lo resuelto por otro juez”, confió un vocero, convencido de que había así una “recaudación millonaria diaria”.
Con la suerte echada del ahora ex mandamás del Juzgado Provincial de Tránsito de La Plata, resta saber cuándo el ministerio de Transporte convocará al concurso de antecedentes y oposición de postulantes para ese cargo.
Por supuesto, se espera que no tenga sospechas de arreglo alguno, máxime si se tiene en cuenta con lo sucedido con la flamante designación de Ornela Carli en el Juzgado Provincial de Infracciones de Tránsito en la ciudad de Dolores. Hay serias dudas de que fue beneficiada por ser una referente del Frente Renovador (de hecho, antes de asumir era concejal de ese espacio, ahora en Unión por la Patria) y especie de “bendecida” del mandamás en el distrito en cuestión: el diputado nacional Ramiro Gutiérrez.
Carli, D´Onofrio, Gutiérrez, Marinucci, Pombo. Ese quinteto responde al máximo jefe del Frente Renovador: Sergio Massa.
Sacamultas, gestores y abogados
Hace unos meses, el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, en conjunto con otras fiscalías de la provincia de Buenos Aires, realizaron numerosos procedimientos judiciales en Juzgados de Faltas de Tránsito en el marco de la causa que investiga a una organización criminal integrada por gestores y abogados destinada a obtener dividendos y espurias ganancias en concepto de multas de tránsito cometidas en territorio bonaerense.
Los operativos fueron llevados adelante a partir de la orden judicial de Garganta por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En Tribunales se informó que la medida, con carácter de allanamiento, fue dispuesta por el fiscal Garganta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata, con el objetivo de incautar diversa documentación.
En La Plata, el procedimiento se llevó a cabo en Avenida 7 entre 42 y 43.
El juez Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías 4 de La Plata, validó el requerimiento fiscal en los términos de una “orden de presentación”, autorizando a la Policía Aeroportuaria para que irrumpa en la sede del Juzgado de Faltas e incaute la documentación que era intensamente buscada.
Voceros judiciales indicaron que la fiscalía de Garganta investiga expedientes del año 2022 a la fecha, cuyas multas no coinciden con la información cargada en el sistema provincial de faltas de tránsito.
Con la primera documentación incautada, el fiscal Garganta puso bajo sospecha a una red criminal integrada en la cúspide, por funcionarios provinciales, jueces de faltas, abogados y gestores, y en los niveles de menor jerarquía administrativos y hasta personal policial, de allí que los operativos judiciales que se hicieron no participaron uniformados de la bonaerense.
El juez federal de La Plata hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio de Salud para poder accionar en la causa del opioide vinculado a la muerte de 53 personas. El requerimiento se hizo a través de la ANMAT. Todos apuntan a HLB Pharma.
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