
La reciente decisión del gobierno nacional de intentar suprimir o restringir el derecho de huelga mediante decretos, resoluciones o discursos intimidatorios constituye una grave violación a la Constitución Nacional y al sistema democrático.
Rechazo desde todos los ámbitos políticos y sociales
Actualidad01/11/2023La dirigente de ultraderecha planteó al candidato de LLA la necesidad de resolver las que, a su juicio, son "detenciones ilegales". Según su mirada, "la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas, que tal vez requieran la participación de las fuerzas armadas".
Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) y antigua colaboradora de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, recibió este martes el repudio de organismos de Derechos Humanos tras pedir "una solución" para las fuerzas de seguridad y militares detenidos por haber cometido delitos de lesa humanidad al asegurar que las instituciones castrenses van a ser necesarias para "reestablecer el orden" durante el próximo gobierno.
"Urge solucionar este tema porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden", aseveró Pando en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Pando comenzó su mensaje dirigiéndose al "futuro candidato de la Nación" -aludiendo a Javier Milei, sin mencionarlo explícitamente- y le encomendó una "tarea ardua" que es "devolvernos el estado de derecho que perdimos años atrás con la llegad de Néstor Kirchner al poder".
Pando, que considera presos políticos a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, había contado en una entrevista su cercanía con Villarruel y había asegurado que fue la libertaria quién la "estimuló" a crear la agrupación AFyAPPA y fue quién la "llevó a la cárcel a conocer a presos políticos".
"Como primera medida va a tener que buscar una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los llamados delitos de lesa humanidad donde se violan sistemáticamente sus garantías constitucionales", afirmó Pando, conocida por su apoyo a los genocidas de la última dictadura.
La esposa del mayor del Ejército Rafael Mercado sostuvo que a los militares detenidos "se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes al momento de los hechos, se le aplica la ley penal de forma retroactiva, se les viola la igualdad ante la ley" y criticó que muchos llevan "más de 20 años" cumpliendo prisión preventiva cuando "nuestra ley manda como máximo tres".
Para Pando, la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas no va a ser posible "si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas".
"En la década del '70 los militares si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales terminaron todos presos, ¿Quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma?", expresó Pando, quien tuvo un vínculo cercano con Villarruel, tanto de militancia como afectivo.
Al respecto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, afirmó este lunes que las declaraciones de Pando están "en sintonía con las de Villarruel" y hacen pensar en un país que "ya no existe, por suerte".
"Las declaraciones de Cecilia Pando están en sintonía con lo que viene diciendo desde hace tiempo Victoria Villarruel. Nos hace pensar en un país que por suerte ya no existe. Las políticas de derechos humanos se consolidaron y no son de un partido político, sino que es del Estado argentino", indicó el funcionario .
En este sentido, recalcó que el Poder Judicial se expresó en materia de Derechos Humanos a través de sus condenas ratificadas a genocidas, el Poder legislativo a través de sus leyes contra la impunidad, y el Poder Ejecutivo con sus políticas de Estado consolidadas y todo ello muestra que "hay que seguir fortaleciendo y elevando los estándares en materia de Derechos Humanos".
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