Una nutrida concentración se produjo ayer en las escalinatas de acceso al fuero penal de 8 entre 56 y 57 para repudiar el sobreseimiento dictado hace una semana por el Tribunal Oral Criminal 5 (TOC 5) de La Plata, en favor del sacerdote Raúl Anatoly Sidders, considerando que habían prescripto por “el paso del tiempo” los aberrantes delitos sexuales que se le imputaban en perjuicio de una alumna del Colegio San Vicente de Paul, donde el acusado era el capellán.
Precisamente, ayer iba a comenzar el juicio oral en el que iba a ser juzgado el cura Sidders por los hechos ocurridos en el San Vicente de Paul hace dos décadas y denunciados por la alumna Daniela Silva en 2020. A partir de ese caso, comenzaron a denunciarse otros más.
Ante un planteo de la defensa de Sidders, basado en un precedente de la Corte de la Nación en la causa del sacerdote entrerriano Justo José Ilarraz, la jueza del TOC V de La Plata, Carmen Rosa Palacios Arias dictó el sobreseimiento del excapellán del San Vicente de Paul.
De ese modo, la magistrada consideró que, por el paso del tiempo, los delitos ya no pueden ser juzgados, disponiéndose el sobreseimiento. Vale decir que sobreseer no significa absolver. Ni mucho menos que quedó demostrada la inocencia de Sidders.
Lo que este fallo dispuso es que, por el correr de los años, las conductas ya no podrían ser analizadas y juzgadas en un proceso judicial. Sidders estaba sindicado de “corrupción de menores” y de cometer “abuso sexual gravemente ultrajante” contra Daniela Silva, doblemente agravado por el daño ocasionado en su salud mental y por ser él un ministro de un culto religioso.
El cura se encontraba detenido desde diciembre de 2020. Pero desde junio de 2021 gozaba de prisión domiciliaria, pese a ser menor de 70 años. Estaba en una coqueta quinta familiar ubicada en Pilar, aguardando el juicio oral en su contra que debía comenzar ayer.
Las abogadas querellantes Pía Garralda y Josefina Rodrigo junto a Patricia, la madre de Daniela Silva, anunciaron ayer que apelarán el sobreseimiento ante las instancias superiores. Las letradas asistentes de la familia de Daniela (quien falleció en 2024 a los 32 años producto de las secuelas de los abusos de Sidders, según se indicó desde su entorno más cercano) estuvieron ayer acompañadas por agrupaciones de sobrevivientes de abuso eclesiástico, organizaciones de mujeres y disidencias y la izquierda.
El abogado mendocino Sergio Salinas, querellante en el caso del Instituto Próvolo, cuya causa prosperó con condenas en Mendoza pero también “prescribió” en La Plata, estuvo en la manifestación frente a los Tribunales de 8 y 56. Junto a Julieta Añazco, referente de Iglesia Sin Abusos, dijo: “Queremos dar el mensaje de que esto no queda solamente en la justicia nacional. Tienen que saber que esto es una cuestión sistemática y, como tales, los tribunales internacionales receptan y tratan denuncias como éstas. Tristemente Argentina ha sido condenada muchas veces ya por incumplir los estándares internacionales, que en materia de abuso sexual infantil hoy suponen una correcta investigación, que la víctima sea oída y que haya una sentencia. Por eso la lucha continúa”.
