El fallo judicial que se conoció ayer declaró inválido el decreto municipal firmado por el entonces intendente Julio Garro (Pro en Juntos por el Cambio), que antes había recibido el respaldo del Concejo Deliberante para proceder a la reubicación de la denominada Zona Roja.
Como se sabe, la Zona Roja está comprendida por unas cuantas cuadras de El Mondongo, como ser las Avenidas 1; 66 y Diagonal 73. La Asamblea Vecinal que preside Daniel Domínguez realizó infinidad de reuniones en la vía pública, establecimientos y dependencias públicas para denunciar la oferta de sexo y drogas a toda hora del día.
Tras enterarse del fallo judicial, y en diálogo con Capital 24, Domínguez admitió “estar cansado de tantas vueltas con la Justicia, el Municipio y la Policía, que no hacen nada para revertir nuestro calvario vecinal”.
No obstante, Domínguez adelantó que “la semana que viene volveremos al Concejo Deliberante para exigirles a los concejales que vuelvan a tomar la iniciativa para erradicar la Zona Roja de nuestro barrio”.
Al respecto, cabe destacar que la marcha atrás del decreto firmado por Garro obedece a lo dispuesto por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, quien lo hizo en respuesta a una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto a organizaciones travestis y trans.
Dicho decreto de Garro, además del traslado de la Zona Roja, establecía multas a quienes ejercieran la actividad en espacios no autorizados. En tal sentido, Ventura Martínez consideró que la disposición resultaba arbitraria y que no contemplaba la situación de vulnerabilidad del colectivo afectado.
Al firmar su resolución, la jueza cuestionó que la anterior gestión municipal encabezada por el referente del Pro no acreditó fundamentos suficientes ni evaluó medidas alternativas antes de restringir un derecho.
El accionar de Ventura Martínez no es nuevo: en noviembre de 2023 (todavía gestión Garro) suspendió cautelarmente la aplicación del decreto, que ahora quedó anulado en forma definitiva.
El fallo remarcó que no se escuchó a las personas directamente involucradas y destacó que cualquier medida debía extremar recaudos para evitar sospechas de discriminación. Además, puso la lupa en la rapidez con la que se reglamentó el decreto: apenas diez días después de su publicación.
Como se indicó, la anulación del decreto fue impulsada por la CPM y distintas organizaciones, entre ellas Otrans Argentina, Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, y colectivos locales de La Plata, Berisso y Ensenada. El tribunal reconoció su legitimación para intervenir en el proceso judicial.
Por último, cabe precisar que la sentencia dispuso que el Municipio ahora encabezado por Julio Alak convoque, en un plazo de 60 días, a una mesa de trabajo para abordar la problemática.
