El juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, que interviene en la causa que investiga al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por el millonario negocio de las fotomultas, le requirió al magistrado federal, Adrián González Charvay, que se declare incompetente en otro expediente por lavado de dinero.
El motivo, según se indicó, apuntaba a concentrar la investigación en el fuero penal de La Plata, en concreto en la fiscalía a cargo de Álvaro Garganta y el juzgado de Garantías del mencionado Masi. Sin embargo, el juez federal González Charvay rechazó el pedido de inhibitoria, resolviendo seguir investigando al exministro y a su entorno por lavado.
González Charvay precisó que los hechos que se investigan en La Plata “podrían constituir el delito precedente de las maniobras de lavado" y que ambas causas deberán instruirse por separado, “cada uno orientado a su propio objeto, sin perjuicio de la necesaria cooperación que debe mantenerse entre las jurisdicciones".
Tal como viene informando Capital 24, las actuaciones que tramitan en La Plata indagan en torno al funcionamiento irregular del sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Garganta apunta a una red de gestores que ofrecían descuentos de hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.
Esa operatoria de “licuar deudas”, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó al Ministerio de Transporte de la Provincia, contaba con la participación de varios jueces de Faltas.
En tanto, la segunda de las causas penales está vinculada con las irregularidades cometidas en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT).
Ese negociado fue adjudicado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que habrían tenido participación ex funcionarios de la cartera de Transporte.
Por su parte, en el expediente de lavado, el juez federal González Charvay venía acumulando información sensible sobre el patrimonio del exministro D’Onofrio y sus allegados. Según se señaló, algunos de los datos llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La concejal y presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, muy próxima a D’Onofrio, había creado una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes, bajo los nombres Tardeo Pacífico y Tardeo Soho. Al conocerse en los medios el escándalo de las fotomultas, las sociedades se disolvieron rápidamente.
En las últimas horas, el juez de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, le solicitó al juez federal de Campana, González Charvay, que se inhiba de seguir investigando y le mande esa causa para que se acumule con el expediente principal. El fundamento central era que no se pudo acreditar el lavado de dinero.
Fue el propio fiscal de nuestra ciudad, Álvaro Garganta, quien cuestionó al juez Masi, por “exceder su jurisdicción”: “¿Qué causa federal ha podido analizar el juez garante para llegar a esa conclusión? No hay constancia en la presente investigación que el juzgado federal haya remitido copia digital de la causa federal 23688/2024″, sostuvo Garganta en su resolutorio.
Finalmente la cuestión fue resuelta en cuestión de horas. El juez federal González Charvay rechazó el pedido de inhibitoria, coincidiendo con la postura del fiscal platense Garganta.
“El delito de lavado de activos posee configuración típica, bien jurídico protegido y régimen de competencia propio, orientados a tutelar el orden económico y financiero nacional, de modo que su investigación corresponde al fuero federal", fundamentó el magistrado federal.
A su turno, la defensa de D’Onofrio podría intentar cuestionar esa decisión pero la Cámara Federal de San Martín ya sostuvo, en noviembre de 2024, que las posibles maniobras de lavado deberían tramitar en la justicia federal.
Todo implica que cada magistrado continuará con sus pesquisas por separado.
