Jorge D’Onofrio negó las acusaciones. Presentó un escrito. Buscan esclarecer la oscura trama entre abogados y funcionarios que habrían operado para reducir o anular multas de tránsito a cambio de pagos ilegales.
REGIÓN16/12/2025
Ante el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, el ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, presentó ayer un extenso descargo con el que rechazó las acusaciones que lo sindican como responsable de presuntas maniobras irregulares en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV).
El fiscal procura acreditar un presunto entramado de abogados y funcionarios que habrían operado para reducir o anular multas de tránsito captadas en rutas bonaerenses a cambio de pagos ilegales.
El documento de 25 carillas que presentó D’Onofrio indica que el proceso licitatorio fue “legal, público e internacional”. También sostuvo que contó con el respaldo de los organismos de control y asesoría.
D’ Onofrio negó haber direccionado la adjudicación de las concesiones, afirmando que no existieron beneficios indebidos para las empresas que se quedaron con los talleres verificadores en 2024.
El expediente investiga un sistema que impacta de lleno en millones de conductores, ya que más de cuatro millones de vehículos registrados en la provincia de Buenos Aires deben realizar la VTV y abonar, como mínimo, $79.640 por revisión en el caso de autos particulares.
Para el fiscal Garganta, el ex ministro habría favorecido a ocho empresas adjudicatarias y articulado un mecanismo de retornos a través de una firma contratada para gestionar los turnos y los cobros online.
La investigación judicial también apunta a la contratación de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., firma a cargo de llevar adelante el otorgamiento de turnos de forma virtual. El fiscal sospecha que la empresa de la “turnera” funcionó como intermediaria para el cobro de coimas ya que las concesionarias debían pagarle inicialmente el 3% y luego hasta el 8,5% más IVA de sus ingresos mensuales durante los diez años de concesión.
Cada turno solicitado por Internet implicaría una comisión directa: desde unos $2.500 por la VTV de un auto hasta $11.000 en el caso de vehículos de transporte.
En la declaración escrita presentada ayer ante el fiscal de La Plata, el imputado D’Onofrio defendió esa decisión y afirmó que la incorporación de tecnología era necesaria para mejorar la transparencia y la trazabilidad del sistema. En tanto, negó categóricamente cualquier vínculo previo con Sebastián Decio, titular de la empresa señalada como nexo clave en la causa.
Por su parte, el fiscal citó a declarar en los próximos días a los propietarios y titulares de las siete empresas que recibieron las licencias para operar la VTV en distintos puntos de la provincia.
En rigor, los citados son los empresarios Sebastián Decio, Martín Hernán Serrano, Germán Rébolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss. Todos –asegura el fiscal- tuvieron vínculo directo con el ministerio y fueron adjudicatarios de la Verificación Técnica Vehicular.
En una causa en paralelo, se profundiza la investigación del presunto armado de manipulación de fotomultas, el cual habría contado con la connivencia de jueces de faltas ubicados en diversos puestos estratégicos.
Si bien D’Onofrio se encuentra en libertad, su imputación podría agravarse debido a que hace unas semanas, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó por presunto lavado de activos y le trabó un embargo por $350 millones y tiene todos sus bienes inhibidos.
De esta manera, el ex ministro de Trabajo bonaerense batalla contra dos frentes judiciales muy complejos que lo tienen en el centro de las sospechas.
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