La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 18 de La Plata que está a cargo del fiscal Hugo Tesón recibió la ampliación de una denuncia que en la última semana realizó un exempleado de la Guardia Urbana de Prevención dependiente de la Municipalidad de La Plata, en la que había pedido que se investigue una trama de encubrimientos para vender drogas.
La Guardia Urbana de Prevención (GUP) pertenece a la Secretaría de Seguridad y su sede central se encuentra en la esquina de 20 y 50. Precisamente, en la ampliación de la denuncia se le pidió al fiscal Tesón que proceda al secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad internas desde el día 2 hasta el 18 de este último mes de febrero.
Además, en la denuncia se solicita el responsable de la UFIJ N° 18 que se proceda a la extracción de audios, se certifique la identidad y legajos del personal denunciado y de la cadena de mando que ordenó el cese del empleado.
Como se recordará, Capital 24 había dado cuenta en exclusiva de la cadena de encubrimientos que le valió el despido a quien se animó a denunciar la posible comisión de un delito doblemente grave: la venta de drogas asociada a personas que forman parte de un plantel municipal encargado de disuadirlos.
La persona que denunció la ilegalidad estuvo advirtiendo varias veces de las maniobras sospechosas a sus autoridades de turno en la Guardia Urbana de Prevención.
“Un encargado de la tarde, a quien le comunico de la gravedad de lo sucedido, me dijo que me quede tranquilo porque iba a tomar algunas decisiones para que esos hechos no se repitan, dado que llevaría a cabo las sanciones correspondientes”, le aseguró a este diario una fuente confiable que prefirió mantener su nombre en reserva.
– “Quedate tranquilo”, le contestó el encargado. Confiado en las medidas que se iban a adoptar, días después al denunciante le dieron a entender que tenía que aprender a cerrar la boca: lo despidieron. Hacía más de dos años que estaba trabajando en dicha área.
Ampliación y pedidos
En cuanto a la ampliación de la denuncia, no solo se ratificó lo presentado la última semana, sino que solicitó la recalificación, al entender que “la conducta de los encartados encuadra en la figura de comercialización de estupefacientes agravada”.
“Esta solicitud se fundamenta en que la actividad ilícita se desarrolla de manera sistemática dentro de una dependencia pública (Área de Seguridad de La Plata) y mediante la utilización de infraestructura y recursos estatales, lo cual representa un plus de antijuridicidad que debe quedar plasmado en la calificación del proceso”, dice el escrito presentado al que accedió Capital 24.
Modus operandi
“La organización utiliza la sede municipal (de 20 y 50) no solo como punto de encuentro, sino como centro de fraccionamiento y logística, aprovechando la impunidad que brinda el carácter oficial del edificio y el uso de vehículos del área para el traslado de las sustancias”, se agrega en dicho texto.
En tal sentido, el denunciante destacó que “mi reporte interno a F.R. no solo fue ignorado, sino que derivó en mi cese laboral, lo que confirma la connivencia de la cadena de mando”.
A fin de acreditar los extremos denunciados, el exempleado puso a disposición de la UFIJ 18 un dispositivo móvil que contiene archivos de audio de la aplicación WhatsApp. “En dichos registros se escucha claramente a S.C. coordinar la entrega y fraccionamiento de sustancias”, aclara la denuncia.
“Hago saber que, tras haber reportado internamente estas maniobras al superior jerárquico F.R. fui objeto de un despido arbitrario y persecutorio; el 19 de febrero fui citado por la secretaria de J.M. y él en persona me informa su decisión y la de F.R. el pase a Personal (Disponibilidad Personal) transcurrido los últimos días hábiles del mes de febrero. Cuando el 2 de Marzo me presento me manifiestan que el contrato había cesado”, sostuvo la fuente.
Además, en la denuncia se señaló que “esa medida no es sino una maniobra de obstrucción a la Justicia y encubrimiento agravado, destinada a garantizar la impunidad de los vendedores”.
Medidas de investigación
En cuanto a lo solicitado al fiscal Tesón, está el que se proceda a intimar a los imputados bajo la nueva calificación solicitada (es decir, el de la comercialización de estupefacientes agravada).
También se solicita un Informe Municipal que certifique la nómina de personal que prestó servicios en dicha dependencia en los últimos 6 meses y se remita copia del acto administrativo del despido del denunciante.
Además, respecto a las cámaras de seguridad instaladas en el edificio de 20 y 50, se pide que se proceda al secuestro de las grabaciones de seguridad internas de la dependencia desde el día 2 de febrero hasta el 18 del mes de febrero.
Política y “cadena de mandos”
El nuevo polo de Seguridad municipal en La Plata impulsado por la gestión del intendente Julio Alak funciona como Centro de Operaciones Municipal (COM) y sede de la Secretaría de Seguridad. Está, como se dijo, en el edificio de 20 y 50.
Allí se centralizan el monitoreo de cámaras y emergencias de la Comuna. Cuando Alak asumió la jefatura comunal en diciembre de 2023, designó en Seguridad a Diego Pepe.
Pepe es abogado y, en el marco de las recomendaciones políticas para ocupar ese cargo, en el Palacio de calle 12 señalan a Norberto Gómez (secretario general de la Municipalidad) como su mentor.
“Gómez es Alak”, gustan decir muchos funcionarios de la Comuna. Lo mismo dicen varios dirigentes peronistas.
