Juez platense procesó a los responsables de la campaña 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires

Desde los tribunales federales de 8 y 50, el juez de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económicos de la campaña de 2017 de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, por haber rendido aportes falsos de personas que dijeron que nunca los hicieron y que estaban en una situación de vulnerabilidad.

El magistrado determinó que al menos casi dos millones de pesos de ese año, 122 millones actualizados a la fecha, fueron aportados de manera irregular sin que se conozca su verdadero origen. La investigación judicial se centró en la campaña para las elecciones primarias y las generales de 2017 que llevó como candidatos a senador nacional al binomio de Esteban Bullrich y Gladys González y como primera candidata a diputada nacional a Graciela Ocaña. 

En ese contexto, se trató de la lista de Cambiemos que luego modificaría su rótulo electoral a “Juntos por el Cambio”, que apoyaba el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Esa nómina competía y le ganó a la de Cristina Kirchner, de Unidad Ciudadana. 

El fallo judicial se recortó en los llamados responsables económicos financieros de la campaña. Curiosamente, no imputó a ningún responsable político. En su resolutorio, el juez Ramos Padilla procesó a Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin.

Esos imputados, precisamente, eran los responsables económico financieros de la lista. Y a la vez, los que firmaron los recibos de los aportes. Al ser citados a la audiencia de declaración indagatoria, los cuatro imputados se negaron a declarar. No obstante, el magistrado los procesó por los delitos de “falsedad ideológica de documento público -que tiene una pena de uno a seis años de prisión- y por omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña -con una pena de inhabilitación de seis meses a 10 años-. 

El juez Ramos Padilla también embargó los bienes de los cuatro procesados por montos que oscilan entre 30 y 50 millones de pesos. En la instrucción de su expediente judicial, el magistrado ya había desaprobado en 2022 la rendición de los gastos, arrojando en un muestreo de parte de los aportes que un 37 por ciento de ellos (los “donantes”) desconoció haberlos hecho: “la inclusión de al menos 316 aportes privados correspondientes a 161 personas –al menos– que desconocieron haber realizado tal aporte, y que a lo largo del desarrollo de la causa formularon denuncias por tal motivo, o fueron citadas a prestar declaración testimonial y se manifestaron en ese mismo sentido”. 

En rigor, el fallo pone de manifiesto que el 90 por ciento de los aportes a la campaña fue en efectivo, lo que desde 2019 se prohibió por ley. En el expediente también se destacó la labor pericial contable incorporada durante la etapa de investigación. Allí se acreditó que los aportes iban desde los 700 a los 22 mil pesos. 

En su resolutorio, el juez Ramos Padilla enfatizó que “muchos de estos casos correspondían a personas que eran beneficiarias de programas sociales, y que se encontraban en manifiesta situación de vulnerabilidad, por lo que no contaban con la capacidad económica para realizar el aporte que les fue atribuido por la agrupación Cambiemos Buenos Aires”.

El magistrado pudo comprobar que se trataba de personas jubiladas, con enfermedades, desempleadas o con trabajos esporádicos. De manera tal que los aportantes falsos fueron citados a declarar y negaron haber dado ese dinero. 

“Jamás aportaría plata a nadie porque estoy sola con mis tres hijas menores de edad y hay veces que apenas llego a fin de mes y no estoy para regalarle plata a nadie”, “quiero decir que yo jamás aportaría nada a nadie porque no tengo dinero. De hecho, trabajo todo el día y para poder hacerlo tengo que dejar a mis hijos”, refrendaron en alguno de los testimonios que destacaron las fuentes consultadas en tribunales. Por caso, una de las testigos expresó que cobraba 4.800 pesos por mes del Programa Hogar y figura con un aporte de dos mil pesos.

La labor pericial contable trató de profundizar los estudios de auditoría. Y del recorte pericial que formularon, hallaron 1.962.325 pesos de aportes falsos. Esa cifra actualizada a la fecha por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC asciende a 122.043.797 de pesos. 

En ese sentido, el juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla, consideró que “no debe olvidarse que para las elecciones mencionadas la agrupación “Cambiemos Buenos Aires” declaró haber recibido en dinero en efectivo por parte de distintos aportantes la cifra de $38.192.825, que actualizada por IPC arroja una suma total de aproximadamente $2.313.085.602″.

Asimismo, el magistrado subrayó que por la “enorme cantidad de casos” no se trata “de un simple error material por parte de los responsables económico-financieros de la agrupación”, descartando de esa manera cualquier intento de las defensas técnicas de los procesados por simular negligencia, torpeza o demanda laboral por sobresaturación de trabajo. 

En otro tramo de su dictamen, el juez analizó la inclusión de información falsa en los informes de rendición de cuentas y en los recibos de aportes. Aseveró que esos datos “se articulan en forma conjunta con el fin de la maniobra, que consistía en ocultar dolosamente el origen de los fondos utilizados por la agrupación “Cambiemos Buenos Aires” durante las campañas electorales del año 2017, que se llevaron adelante en este distrito”.

Al intentar determinar la ruta del dinero negro, Ramos Padilla indicó que “a la fecha se desconoce de dónde provino una gran parte del dinero que se utilizó para financiar”. Ese dato no es menor. Porque lejos de dar por concluida la instrucción de la causa, determinó que la investigación judicial debe continuar más allá de los cuatro procesamientos dispuestos. 

En ese contexto, Ramos Padilla rubricó un segundo resolutorio, en el que tuvo en cuenta que los cuatro procesados habían argumentado la falta de acción de la causa porque una reforma de 2019 a la ley de financiamiento de partidos políticos estableció que para avanzar en una causa penal vinculada a gastos de campaña primero debía terminar el proceso de control electoral. Y que ese control -desaprobado por Ramos Padilla y por la Cámara Nacional Electoral- estaba pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez denegó de plano el planteo de las defensas. Afirmó que avalar ese criterio implicaría darles a personas imputadas por delitos electorales “fueros especiales” o un “privilegio de inmunidad” para no ser investigados que no tienen otros ciudadanos o los integrantes de los tres poderes del estado que sí pueden ser investigados. De ese modo, rechazó totalmente la cuestión de “privilegio” esgrimida por los cuatro procesados.

El magistrado optó por graficar esa delicada situación. “Solo por dar un ejemplo, incluso si se advirtiera en forma manifiesta la posible comisión de un delito de acción pública contra una persona en un hecho vinculado al financiamiento ilegal de una campaña electoral, ningún magistrado podría ordenar un allanamiento o una requisa para resguardar la prueba que podría ser de utilidad para la investigación -enfatizó Ramos Padilla-, al contrario, deberían aguardarse varios años a que la causa de control de rendición de cuentas quedara firme”. 

En este punto, el dictamen sienta precedente en la manera de investigar las cajas negras que financian a los partidos políticos.