La investigación por el denominado caso “Chocolate” sumó ayer un nuevo movimiento judicial con la audiencia en la que la fiscal de juicio de La Plata, Viviana Arturi, detalló las penas solicitadas para más de medio centenar de imputados. En paralelo, comenzó a delinearse un escenario que podría evitar la instancia de juicio oral mediante acuerdos entre las partes, bajo la órbita de la jueza de Garantías, Marcela Garmendia.
El dato que atraviesa todo el proceso se mantiene sin cambios: ninguno de los acusados está alojado en una unidad penitenciaria. Mientras los principales señalados cumplen arresto domiciliario con monitoreo electrónico, el resto transita la causa en libertad.
En su exposición, Arturi pidió ayer condenas de entre 4 y 6 años de prisión para Julio “Chocolate” Rigau, Claudio Albini y su hijo Facundo Albini, apuntados como los responsables de organizar la maniobra. Para los demás implicados, en su mayoría identificados como “tarjeteros”, solicitó penas de ejecución condicional.
Según la acusación, el esquema consistía en el uso de empleados “fantasma” dentro de la Cámara de Diputados bonaerense. A través de cuentas bancarias abiertas a su nombre, se retiraban haberes mediante tarjetas de débito que luego eran concentrados por integrantes de la estructura. La operatoria habría movilizado sumas millonarias de dinero público.
El caso se originó en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero automático de La Plata mientras realizaba extracciones con decenas de tarjetas. A partir de ese episodio, la investigación avanzó con peritajes, análisis de movimientos financieros y testimonios.
El recorrido judicial posterior estuvo marcado por decisiones cruzadas respecto a las detenciones. En el caso de los Albini, distintas instancias revisaron su situación hasta que finalmente se confirmó el arresto domiciliario, mismo régimen que ya regía para Rigau.
Con más de 50 personas imputadas, la dimensión del expediente aparece como un factor clave a la hora de evaluar alternativas procesales. La posibilidad de juicios abreviados u otros mecanismos de acuerdo comienza a tomar forma, impulsada por el planteo de penas presentado por la fiscalía.
En ese contexto, la defensa de Rigau propuso realizar una pericia para precisar el monto del presunto perjuicio económico, en línea con una eventual reparación. La utilización de estas herramientas, previstas por la ley, abre una discusión sobre su aplicación en causas vinculadas al manejo de fondos públicos.
