Con la lupa puesta sobre un oscuro entramado de “contratos cruzados”, la justicia allanó por segunda vez la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede regional La Plata, por el escándalo de los cinemómetros de las fotomultas.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que investiga un presunto fraude por contrataciones irregulares desde esa casa de altos estudios con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) y diversas municipalidades bonaerenses.
Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de Gendarmería y tuvieron como objetivo una estructura de contratos cruzados: empleados de CECAITRA, que también serían funcionarios de la UTN, firmando convenios desde ambos lados del mostrador,
según se informó en tribunales.
Los investigadores judiciales comprobaron algunos formularios de distribución de ingresos, supuestamente elaborados por la universidad, que se encontraban supuestamente vinculados con el CBU de la Cámara, sin pasar por los canales administrativos y de control de la UTN.
Precisamente, tal como dio cuenta Capital 24, la justicia federal también ordenó el pasado 3 de febrero, el allanamiento de once municipios bonaerenses -incluyendo La Matanza, Morón, General Pueyrredón, Zárate y San Isidro- por posibles irregularidades en el cobro de fotomultas.
Ese expediente, en tanto, está a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con intervención del fiscal Paulo Starc y colaboración del propio magistrado platense Kreplak, quien giró información clave que permitió avanzar con la investigación, que tendría en la mira a
distintas fundaciones y empresas del sector, como Secutrans SA y Tránsito Seguro SA, según expresaron voceros ligados a la pesquisa.
El modus operandi es similar en todos los distritos. Del total recaudado, un 20% queda en manos de la Provincia por convenio marco y el restante 80% es dividido entre las comunas y los proveedores.
No obstante, en muchos casos los municipios solo recibirían una mínima cuotaparte, quedando el resto en manos de las empresas y fundaciones universitarias, que ni siquiera figuran en los registros oficiales de proveedores del Estado provincial.
Los sensibles expedientes que tramitan ante la Justicia Federal en La Plata y Tres de Febrero procuran establecer si las universidades actuaron como pantallas para la derivación de fondos públicos hacia intereses privados, afectando los recursos de municipios y, en última instancia, de la ciudadanía.
Pero hay más. En el fuero penal de La Plata se investiga otra causa, a cargo del fiscal de instrucción Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de nuestra ciudad. Allí tramita una denuncia de supuestos beneficios que la gestión de Jorge D‘Onofrio, que estuvo a cargo del Ministerio de Transporte, le habría concedido a CECAITRA, a la que el fiscal ordenó allanar, al igual que la casa de su presidente.
