La justicia penal de La Plata comenzó ayer a tomar las primeras medidas de prueba en la causa que investiga la denuncia radicada por un nutrido grupo de médicos bonaerenses contra las autoridades de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires.
El caso es instruido por el fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de nuestra ciudad. Lo que se investigan son presuntas maniobras de defraudación, malversación y asociación ilícita vinculadas a la construcción del Hotel Grand Brizo en La Plata y contratos con el grupo Puente Hermanos.
Los médicos formularon la denuncia pidiendo que se investiguen las supuestas maniobras de desfalco que habrían tenido lugar en el marco del desarrollo del lujoso alojamiento ubicado en Avenida 51 entre 9 y 10 del microcentro platense y que tuvo como inicio de su actividad en febrero de 2019, hace siete años.
Además del fiscal Menucci, interviene en el expediente el juez titular del Juzgado de Garantías N°2, Eduardo Silva Pelossi. El magistrado convalidó las medidas de pruebas solicitadas por la fiscalía para reunir a la brevedad valiosa documentación de interés para la causa.
Es que el grupo de médicos que presentó la denuncia imputó delitos de acción pública contemplados en el Código Penal de la Nación. Entre ellos, se mencionan la defraudación y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (Artículos N°173 inciso 7° y N°174 inciso 5°), la asociación ilícita (Artículo N°210), la malversación de caudales públicos (Artículos N°260 y N°261) y la falsedad ideológica de instrumento público (Artículo N°293).
Los médicos aseguran que el millonario desfalco se habría articulado entre autoridades de la Caja y sociedades comerciales vinculadas al denominado grupo Puente Hermanos. Ese ardid, según dijeron, tuvo como objetivo justificar pagos millonarios por servicios que, según los denunciantes, no se habrían efectivizado.
Al cometerse la malversación y el fraude, eso tendría un impacto directo en el patrimonio de los médicos afiliados, al desviar aportes obligatorios hacia intereses privados mediante un esquema de facturación presuntamente irregular.
En la denuncia, al desarrollar el modus operandi de la maniobra, los médicos denunciantes señalaron que la entidad contrató a empresas del citado grupo para realizar la "Auditoría de Obra" del emprendimiento, que tenía como finalidad corroborar el accionar de la constructora y autorizar los pagos correspondientes.
Según se desprende del expediente, el grupo al que se apunta está integrado por Puente Hermanos Inversiones S.A., Puente Hnos. Holding (Argentina) S.A., Puente Hnos. MAE S.A. y Puente Inversiones y Servicios S.A. Los denunciantes afirman que las sociedades comparten domicilio legal en Tucumán 1, piso 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), así como directivos y objeto social.
También aseveran que la retribución pactada para estas firmas habría sido equivalente al 7,98% del valor de cada certificado de obra emitido. No obstante, la denuncia afirma que no existirían informes técnicos, actas de inspección ni documentación que respalde la efectiva realización de las tareas de auditoría, lo que configuraría una simulación contractual para justificar la salida de fondos.
Entre la documentación y las evidencias aportadas, puntualizaron la existencia de un contrato de mandato original, tres adendas posteriores por ampliaciones y mayores costos, una cesión contractual y una cuarta adenda vinculada a la tercera etapa de la obra, junto con facturas emitidas en concepto de "Auditoría de Obra".
En rigor, la presentación judicial pone en la mira a quienes desempeñaron los roles de presidente, secretario y tesorero del directorio de la Caja durante el período investigado.
El foco de las imputaciones está dirigido a Héctor Sainz, quien ejercía la presidencia al inicio de las obras y continúa en funciones, y el doctor Tomás Cayetano Campenni, quien lo sucedió en el cargo y falleció en 2025.
En tribunales se informó ayer que los letrados Ignacio Fernández Camillo, Fabio Nielsen y Diego Alonso asisten a los médicos denunciantes. Ante la fiscalía los letrados manifestaron que los miembros del Directorio tendrían responsabilidad personal y solidaria por los actos de la institución y que los hechos denunciados habrían sido desarrollados y conocidos por las máximas autoridades.
Entre las medidas de prueba en ejecución se consignó el libramiento de oficios a distintos organismos, entre ellos la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro de Reincidencia y las Fiscalías Generales de la provincia.
Luego se realizarán una serie de pericias contables a través de la Asesoría Pericial de Tribunales y con los resultados la fiscalía estaría en condiciones de librar las primeras imputaciones y medidas de coerción. En las últimas horas, según se indicó, se han presentado a ver el expediente en el fuero penal de 8 y 56 diversos abogados, en representación de las personas sindicadas en la denuncia.
