El organismo local, que depende del Concejo Deliberante pero posee autonomía, fue creado por la ordenanza 7854 a fines del año 1991 por el entonces intendente Julio Alak, que hoy vuelve a estar en el mismo cargo.
El Defensor Ciudadano tiene a su cargo la supervisión de la actividad administrativa del Ejecutivo y los entes descentralizados, cualquiera sea su tipicidad jurídica o actividad principal, y los Juzgados de Faltas.
Además, extiende dicha fiscalización al obrar de los concesionarios o prestatarios de obras o servicios públicos y de los concesionarios de uso de bienes de dominio municipal, en cuanto ejercen prerrogativas públicas transferidas por el Municipio o gocen de licencias o permisos otorgados por éste.
También es receptor de las quejas y denuncias con respecto a problemas relacionados con el medio ambiente y la violación de los derechos humanos.
Según la mencionada norma, “podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte legitimitada cualquier investigación conducente al esclarecimiento o determinación de los actos, hechos u omisiones de los órganos y entes públicos o privados alcanzados por su competencia, que en un primer análisis impliquen un obrar ilegítimo, abusivo, discriminatorio, irregular, arbitrario o conveniente para los derechos o intereses particulares, colectivos, o para e el interés comunitario”.
El nexo entre el Concejo Deliberante y el Defensor Ciudadano es la Comisión de Enlace, integrada al menos por un concejal en representación de cada uno de los bloques políticos, siendo titular de la misma el presidente del cuerpo. La Comisión es la encargada de convocar a quienes deseen ocupar el cargo.
Hasta el momento no fue abierta la convocatoria para reemplazar a Farroni, que podría ir por un nuevo mandato, y Marchetto, que no podrá ir por la reelección. No obstante, es uno de los temas que serán parte de la rosca política local durante el segundo semestre.
