La crisis entre el PAMI y los prestadores privados de salud continúa escalando y, en los próximos días, clínicas y sanatorios de distintas provincias mantendrán una reunión para evaluar el complejo escenario que atraviesa el sector y definir una postura común frente al deterioro de las condiciones económicas en las que prestan sus servicios.
El encuentro, que cuenta con el respaldo de las principales cámaras que nuclean a los prestadores sanatoriales, buscará ordenar una agenda de reclamos y consensuar los próximos pasos en un contexto marcado por el incremento permanente de los costos y la falta de actualización de los valores que perciben por parte del organismo.
La convocatoria es seguida con atención por el Gobierno nacional. En las últimas semanas, distintos funcionarios comenzaron a advertir que el conflicto dejó de ser exclusivamente una discusión entre el PAMI y los prestadores para convertirse en un problema con potencial impacto político y social.
La preocupación creció a partir de las dificultades que comenzaron a manifestarse en distintos establecimientos de salud. Reclamos de afiliados, demoras en la atención y episodios de tensión protagonizados por jubilados generaron inquietud en la administración nacional, que teme que un agravamiento del conflicto termine afectando la normal prestación de los servicios.
En ese marco, el objetivo del encuentro será compartir un diagnóstico sobre la situación que atraviesan las clínicas y sanatorios y evaluar alternativas para sostener el funcionamiento del sistema. Los prestadores sostienen que la estructura de costos aumentó muy por encima de los ingresos que reciben por las prestaciones brindadas al PAMI, una situación que, aseguran, se volvió cada vez más difícil de sostener.
La inflación en insumos médicos, medicamentos, salarios, servicios públicos y equipamiento sanitario es señalada por el sector como uno de los principales factores que explican el deterioro económico. A eso se suma, afirman, la falta de previsibilidad para planificar el funcionamiento de las instituciones.
En el Gobierno reconocen que un conflicto con clínicas y sanatorios tendría un impacto particularmente sensible por tratarse del principal sistema de atención para millones de jubilados. Por ese motivo, siguen de cerca las conversaciones que mantienen los prestadores y no descartan que puedan abrirse nuevos canales de diálogo para intentar descomprimir la situación.
Las cámaras del sector, por su parte, vienen manteniendo contactos permanentes con los distintos actores involucrados para coordinar posiciones y acompañar los reclamos de las instituciones que representan, aunque hasta el momento no hubo definiciones públicas sobre las medidas que podrían adoptarse.
La reunión prevista para los próximos días aparece así como un punto de inflexión. Si no se logran avances que permitan mejorar las condiciones de financiamiento del sistema, crece la preocupación por una profundización del conflicto que termine repercutiendo directamente en la atención de los afiliados del PAMI y abra un nuevo frente de tensión para el Gobierno nacional.
